Hambre y reparación del daño social

El Estado Argentino, en un sistema de representatividad democrática y justicia social, es el principal responsable y garante institucional de providenciar los medios que sean necesarios para la convivencia, el orden y el cumplimiento de los derechos fundamentales de todo el pueblo.

Agrego acá un fragmento de un artículo académico que escribí hace unos años respecto a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la obligatoriedad del Estado en su cumplimiento:

“Los Derechos económicos, sociales y culturales (DESC) constituyen una amplia categoría de derechos humanos vinculados a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, garantizados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en otros tratados internacionales y regionales. Casi todos los países del mundo son Estados Partes en alguno de los tratados jurídicamente vinculantes que garantizan dichos derechos. Entre éstos se encuentran el derecho al trabajo, a la educación, derechos culturales, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, derecho a una vivienda adecuada, a la alimentación y al agua.

Los DESC constituyen la base esencial para la supervivencia de las personas y, en concreto, para alcanzar un nivel de vida adecuado y digno en la que puedan satisfacer sus necesidades básicas y desplegar al máximo sus capacidades. Su plena realización tiende a reducir las desigualdades que existen entre los miembros de la sociedad y juegan un papel clave en asegurar una igualdad sustantiva.

El responsable de su garantía es el Estado mediante sus gobiernos nacionales y locales que deben respetarlos, protegerlos y hacerlos efectivos en las prácticas.

(...)

Para cumplimentar con el PIDESC cada Estado debe proponer y poner en práctica una batería de políticas sociales que se crean necesarias para el cumplimiento de tales derechos. Las políticas sociales son la herramienta metodológica que permite accionar el Estado para garantizar el acceso a los DESC. Representan intervenciones que desarrolla el Estado y que median en la reproducción de la vida de las personas, trabajando sobre la satisfacción de sus necesidades.

No obstante, cuando las necesidades sociales (delimitadas por los DESC) no son debidamente garantizadas por el Estado, las personas pueden acceder a mecanismos de exigencia, ello ya que se entienden a los DESC como derechos legal y legítimamente exigibles, en tanto se constituyen como obligaciones del Estado. Y esta exigibilidad puede realizarse mediante diversas acciones: denuncias, movilizaciones, campañas, difusiones, defensa legal, etc., con el fin de evitar que el Estado retrase deliberadamente la realización progresiva de un derecho”.

Artículo: “Merecimiento vs. Exigibilidad de derechos”

Ante los daños sociales que provoca de manera incesante el sistema capitalista, el Estado debe paliar y restaurar esas rupturas individuales y colectivas. Y su principal instrumento son las Políticas Sociales, acciones de distribución del ingreso para contribuir a la equidad de lxs ciudadanxs.

Una de las tantas políticas sociales durante décadas ha sido la entrega de alimentos a comedores populares donde, de otra manera, la gente no tendría para comer y, mediante la cual, se garantiza un acceso “equitativo” al derecho alimentario. Esto, sumado a la entrega de bolsones de alimentos secos, frutas y verduras por parte de los centros de salud descentralizados en cada punto del territorio nacional. Además, a lo largo y ancho del país, hace más de 30 años, se ha desarrollado un programa de huerta y entrega de semillas para que las personas puedan producir su propio alimento en sus tierras (quienes tengan la posibilidad), con asesoramiento técnico y espacios de intercambio enriquecedores. Fui parte de este programa en Centro de Salud Médanos y en el Barrio Toto Irigoyen de la ciudad de Gualeguaychú.

A partir de una resolución del Consejo Directivo del INTA, del 3 de agosto de 1990, inició su actividad el Proyecto Integrado “Promoción de la Autoproducción de Alimentos (ProHuerta)”, concebido con el objetivo de contribuir a mejorar la seguridad y la soberanía alimentaria en los sectores vulnerables de la población.

 

Huerta de Mirta. Realizábamos visitas mi compañera psicóloga y yo (trabajadora social) todas las semanas acompañadas de un tallerista especializado y, a veces, de la nutricionista del centro de salud.

Cada una le ponía nombre a su huerta

Me dicen en comentarios si quieren que les cuente más sobre este proyecto de Huertas

Entonces, el Estado es un agente restaurativo, en tanto acompaña a paliar las problemáticas complejas que son producto de un sistema capitalista globalizado, patriarcal, productivista e individualista. Este sistema, por supuesto, es mayor al Estado y ni que hablar a la gestión de un gobierno.

Por eso, es decisión política de quienes cumplen función ejecutiva si acompaña más o menos esos dolores sociales que causa el Capitalismo. Y es decisión también del gobierno de turno si, además de acompañar, genera cada vez más oportunidades de progreso, educación, tecnificación y crecimiento de manera equitativa.
No funciona una sin la otra. Y no, el peronismo jamás fue uno sin lo otro. Aunque algunxs no lo vean, aunque prevalezca el discurso de que se cambia comida por votos, aunque se sostenga la idea de que la gente “se compra” con (el curro de los) derechos, sin tener noción del enorme grado de entendimiento, decisión y organización que tienen las personas en los barrios. Sin tener idea que la gente que tiene hambre sabe muy bien diferenciar un derecho de una coima electoral. Jamás subestimen la idiosincrasia y la memoria popular.

Y aunque también, muchos que tienen sus heladeras llenas y sus necesidades más que satisfechas, crean que los derechos de los que hoy gozan cayeron del cielo. Porque es necesario entender que todo lo que conforma la vida material y económica de una persona o grupo familiar es resultado de decisiones políticas de los gobiernos que pueden ser desde el ajuste indiscriminado o la amplitud de ofertas y oportunidades para el crecimiento.

Que hoy se esté negando la comida a comedores comunitarios por no querer dialogar con representantes barriales en sus roles de intermediarixs, es cínico, perverso y deshumanizante. Y es, además, ningunear la capacidad política de los barrios.

Las comunidades están organizadas, le guste a quien le guste, y estas organizaciones son preexistentes a todo gobierno y trascienden cualquier partido político. La organización comunitaria es militancia popular por la justicia social.

Mientras la gente labura (en un mundo lleno de competencias cada vez más especializadas con todo lo que eso implica el esfuerzo por mantenerse como fuerza de trabajo activa) para intentar cubrir sus más básicas necesidades, otrxs vecinos lxs representan y se ponen al frente de la lucha en la calle y en los comedores para acompañar, como mínimo, la gestión de alimentos para las niñeces.

Necesitamos instruirnos en política social para entender qué se nos está quitando y para saber qué se está defendiendo.

FALTAN ALIMENTOS EN COMEDORES COMUNITARIOS HACE MÁS DE UN MES. LAS OLLAS ESTÁN VACÍAS Y LXS PIBXS CON HAMBRE.

¡¡URGENTE Y NECESARIA LA EMERGENCIA ALIMENTARIA!!

Que algo de todo esto te movilice el corazón, que algo de todo esto te haga pensar un poquito, que se te transformen en preguntas tus certezas, que, al menos, esto te haga dudar.

Así NO SE GOBIERNA CUANDO HAY HAMBRE Y no es momento de discutir de quién es la culpa.

El Estado DEBE PRIMERO REPARAR ESE DOLOR SOCIAL. Y luego sentarse a rediscutir las bases de sus estrategias y tácticas políticas. Pero no todo junto, no con gases lacrimógenos en la cara, no cerrándole la puerta a la gente que va a pedir alimentos, no con represión.

Así no.

 Natalia Massaferro